CIVILES SEPULTADO POR LA JCE
Para: Observando tu
Noticias
Escrito por: DEISY
TOUSSAINT (deisytoussaint@gmail.com )
Miles de dominicanos de ascendencia haitiana se encuentran hoy en una
especie de “limbo”. Justamente donde les ha colocado la Junta Central Electoral
(JCE), la misma institución que les inscribió como ciudadanos cuando
llegaron al mundo en este país. “Fantasmas civiles” que yacen entre el polvo de
la discriminación y las cenizas del olvido.
¿Cómo comenzó esto? El día 10 de diciembre del 2007, el Pleno de la
Junta Central Electoral (JCE) estableció mediante la Resolución 12, el
procedimiento para la suspensión temporal de la expedición de actas del estado
civil viciadas o instrumentadas de manera irregular.
Esta medida, según establece la JCE, persigue depurar el Registro Civil
de las irregularidades presentes en el mismo, debido a errores, omisiones o
fraudes en la instrumentación de los actos del Estado Civil. Sin embargo, en la
práctica, además de la depuración del Registro Civil, opera como instrumento
para desnacionalizar a dominicanos y dominicanas descendientes de haitianos.
Cuestionable o no, esta resolución puede que sea inapelable, sin embargo
lo que no es de recibo es que se aplique con efecto retroactivo, ya que
entraría en contradicción con la Constitución de 1966, vigente hasta la
reforma del 2010 que reza “son dominicanas todas las personas que nacen en el
territorio nacional de la República Dominicana, con dos excepciones únicas, los
hijos de diplomáticos cumpliendo misión y los extranjeros en tránsito, este
último regulado en el Reglamento de la Ley General de Migración de 1939
La JCE no es la única institución gubernamental que ha sepultado a los
dominicanos de ascendencia haitiana, también la Dirección General de Pasaportes
(DGP) ha contribuido con ello, colocando una pesada losa en la “tumba” de estos
“muertos civiles”.
Existen algunos casos en que la JCE termina cediendo el acta al
ciudadano pero al momento de llegar a la DGP a solicitar su pasaporte,
comienzan las caras de escepticismo de los funcionarios ante sus apellidos
afrancesados, entonces los remiten directamente al Departamento Legal, donde
retienen sus documentos alegando que son hijos de haitianos.
Rápidamente el desconcertado solicitante se ve inmerso en una vorágine
de actas, solicitudes, despachos, esperas, departamentos, postergaciones,
comparecencias y aplazamientos que terminarán minando su esperanza y, en muchas
ocasiones, las posibilidades de seguir invirtiendo tiempo y recursos económicos
en interminables trámites.
Esta situación ha colocado por tercera vez a la República Dominicana en
“el banquillo” de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) donde
la JCE, más aún, el Estado Dominicano es cuestionado por violar el artículo 110
de la nueva Constitución, que dice: “La ley sólo dispone y se aplica para
lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté
sub júdice o cumpliendo condena.
En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la
seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una
legislación anterior”. Parece evidente que la JCE y la DGP atentan contra
esta medida.
Algunos casos. El Centro Bonó y el movimiento Reconoci.do produjeron una serie de
vídeos llamados "Vidas Suspendidas" en el que se muestran testimonios
de personas afectadas por la política de desnacionalización del Estado dominicano.
Éstos son algunos de los casos:
Alfredo Ogisten: dominicano, nacido y declarado en San José de los
Llanos, en una zona pródiga en Bateys al Este del país, donde terminó el
bachillerato. Luego estudió un técnico en educación e inglés en San Pedro
de Macorís.
En el año 2009, Alfredo aplicó a un puesto de trabajo en una empresa de
cruceros y fue aceptado por su formación. Requería sacar su pasaporte
para poder salir del país, pero al momento de ir a la JCE a buscar una
copia de su acta de nacimiento, ésta le fue negada. Alfredo no pudo sacar
su pasaporte y perdió el empleo.
En febrero del 2011, el tribunal de primera instancia de San Pedro de
Macorís falló a favor de Alfredo y ordenó a la JCE entregar la copia de su
acta. Una vez obtenida, el obstinado solicitante depositó todos los
documentos requeridos en la DGP, para enfrentarse de nuevo con la
negativa del principio.
Elena Lorac: Es una joven de 23 años de edad, nacida y declarada en
Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.
Cursó el bachillerato y quiso iniciar estudios universitarios,
pero al momento de sacar la copia de su acta de nacimiento, le fue negada
con la justificación de que sus padres son de origen haitiano.
Cansados de tanto abuso por parte del Estado, las personas afectadas se
organizaron para exigir la restitución de sus derechos.
Lo que en el año 2011 Reconoci.do comenzó como una campaña de
sensibilización por un registro libre de discriminación y finalmente se ha
convertido en un firme movimiento donde afirman no descansarán hasta que
el Estado dominicano garantice: La restitución de los derechos civiles de las
personas afectadas, empezando por la entrega inmediata de la documentación
retenida en las oficialías del Registro Civil de la JCE, pasaportes en la DGP y
el reconocimiento público por parte de la JCE de los perjuicios que esta
política desconsiderada les ha causado.
Hay que rendirse a la evidencia, el progreso en nuestro país es
imparable, y desde luego irrenunciable. Éstos ya no son tiempos de racismos,
homofobias, machismos u otras conductas rancias, mojigatas y anticuadas.
El pensamiento plural, la tolerancia, el respeto y la solidaridad, son
los valores que deberán imperar en adelante si pretendemos vivir y convivir en
consonancia con los tiempos.
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